Santo Domingo Este, 13 de junio de 2024 – La reciente decisión de los regidores de Santo Domingo Este de aprobar un cambio de uso de suelo para la construcción de una bomba de gasolina en áreas protegidas ha generado un fuerte rechazo entre la población y las fuerzas vivas del municipio. La medida, que fue declarada casi de urgencia y prioridad, ha sido vista como una capitulación a los intereses «oscuros» y a negocios confusos que ponen en riesgo el medio ambiente.
El proyecto, que permitiría la instalación de una estación de servicio en la intersección de la Av. Hípica y la Calle Las Damas, en el sector Farallón Sur, ha sido criticado por su impacto negativo en las cuevas acuíferas y el río subterráneo Brujuela, que pasa por debajo de la zona. Estos recursos naturales son cruciales para el equilibrio ecológico y la sostenibilidad del área, y su preservación es una preocupación central para los residentes y ambientalistas locales.
«Es inaceptable que nuestros recién estrenados representantes del pueblo, los regidores, hayan aprobado algo tan perjudicial para nuestro entorno natural», expresó un líder comunitario. «Esta decisión muestra claramente su inclinación hacia los poderes oscuros de los negocios confusos y su falta de compromiso con la protección de nuestras áreas protegidas».
La indignación se ha extendido rápidamente entre los ciudadanos, quienes han organizado manifestaciones y reuniones para expresar su descontento y exigir la revocación del permiso. Además, han enviado cartas de protesta a las autoridades, incluyendo al Presidente Luis Abinader, al alcalde Dioris (Dio) Astacio, al Ministro de Medio Ambiente y a la Procuradora de la República, solicitando una intervención inmediata para detener este proyecto.
Las juntas de vecinos de la zona han sido particularmente vocales en su oposición, recordando que en el año 2020 se desalojaron más de 900 familias del otro lado del farallón para preservar estas cuevas. «Es paradójico que ahora se quiera permitir una instalación que sería aún más contaminante para nuestro río subterráneo y nuestras cuevas», declaró un portavoz de las juntas de vecinos.
El rechazo masivo ha puesto en evidencia la desconexión entre los regidores y la comunidad a la que deben servir. «Nos sentimos traicionados por aquellos a quienes elegimos para representarnos», afirmó un activista local. «Esta aprobación demuestra que están más interesados en favorecer intereses económicos oscuros que en proteger el bienestar de sus electores y el medio ambiente».
La polémica sigue creciendo, y se espera que las protestas y las acciones legales continúen hasta que se revierta esta decisión que muchos consideran una agresión a las áreas protegidas y una muestra de la influencia corruptora de los negocios turbios en la política local.
